Reto API
¿Puede cualquier persona demandar una ley ante la Corte Constitucional? En teoría, sí. En la práctica, no siempre. Trabajamos con la Corte para cambiar eso.
La Acción Pública de Inconstitucionalidad existe para que cualquier ciudadano pueda cuestionar una ley, sin necesidad de abogado. Sin embargo, los requisitos de admisión desarrollados por la jurisprudencia —claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia— exigen un nivel de tecnicismo que se convirtió en una barrera real de acceso. Trabajamos con el despacho de la magistrada Natalia Ángel para identificar esa brecha y proponer una solución concreta.
El proceso
Empezamos desde donde siempre: escuchando. Entrevistamos a magistrados de la Corte Constitucional, abogados litigantes, colectivos jurídicos y congresistas que usan frecuentemente esta acción. Queríamos entender, en sus propias palabras, dónde se rompe la comunicación.
Lo que encontramos fue claro: los requisitos no eran imposibles de cumplir, pero sí imposibles de entender sin formación jurídica especializada. La solución no pasaba por eliminar el estándar, sino por traducirlo.
Desde allí, diseñamos una herramienta basada en preguntas de sí o no —simples, directas, objetivas— que guían al usuario a través de cada requisito sin necesidad de conocer la jurisprudencia detrás.
El resultado
Creamos un checklist de autoevaluación para demandas de inconstitucionalidad: una herramienta que cualquier persona puede usar para revisar si su demanda cumple con los requisitos antes de presentarla. El mismo instrumento puede ser utilizado por funcionarios judiciales al momento de calificar la admisión de las acciones.
La herramienta fue entregada a la Corte Constitucional para su uso —ya sea como recurso de divulgación ciudadana o como instrumento de gestión interna. Un pequeño cambio en la forma, con un gran impacto en el acceso.